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| Mesa redonda sobre la Ley del Cine (EUROPAPRESS) |
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, insistió el pasado lunes en que la Ley del Cine catalana no está aparcada, ni tampoco su espíritu. El conseller dijo que la ley se está aplicando y señaló que el gobierno tiene respeto y convicción por el doblaje en catalán. Mascarell ofreció estas declaraciones en la mesa redonda "La Llei del cinema: ser o no ser?", organitzada por la Associació d'Actors i Directors de Catalunya (AADPC).
Participaron en el debate el director de doblaje Bruno Jordà; Camilo Tarrazón, presidente del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya; James Philips, actor de doblaje y secretario sindical de la AADPC; Daniel Condeminas, el decano del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (CPAC) y el actor y doblador Jordi Boixaderas.
Mascarell remarcó que tras seis meses del acuerdo con las majors "los datos no son nada malos" pero pidió al público que apueste por la versión catalana y que aumente la demanda. "Si no funciona, significará que la sociedad catalana va por otro lado". Aun así ni el conseller ni el director del Institut Catalá de les Empreses Culturals (ICEC), Fèlix Riera, no especificaron si finalmente se aplicarían las sanciones previstas por la pey pero confían en que la cuota de mercado del cine en catalán pase del 3 al 35%.
La Ley del Cine catalana
La ley fue aprobada a iniciativa del antiguo conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras (ERC), a finales de junio de 2010. Cuando Mascarell ocupó el cargo decidió heredar la política del tripartito y continuar con la aplicación de la ley. En sus orígenes, ésta sancionaba a las salas de cine que no distribuyeran como mínimo la mitad de las copias de cada película dobladas o subtituladas en catalán.
No obstante, Mascarell anunció el pasado julio una posible flexibilización de la ley en caso de no poder aplicarse, pero de ninguna manera su aparcamiento. En septiembre, la Generalitat, junto con los representantes de la Federación de Distribuidores de Cine (Fedicine) y el Gremio de Empresarios de cine de Cataluña, cerró un acuerdo con la industria norteamericana del cine -también llamadas majors- en el que se descartaban las sanciones y las cuotas.
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